VIVIENDA ¿Una Quimera para la Diversidad Sexual?

 Por: Dip Ingrid Barón

Activista de DDHH y Genero

    La vivienda digna es un derecho humano universal, pero para la población de la Diversidad Sexual, este derecho sigue siendo, en muchos casos, una quimera. A pesar de los avances legales en muchas partes del mundo, las personas LGBTIQ+ siguen enfrentándose a barreras sistémicas, discriminación y exclusión en el acceso a la vivienda. Este artículo deja en evidencia como los prejuicios y la falta de políticas públicas inclusivas con perspectiva de diversidad sexual perpetúan un ciclo de vulnerabilidad para esta población y llama a la acción para exigir un cambio urgente y necesario.

Es importante enmarcar el derecho a la vivienda en el contexto legal de Venezuela. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el derecho a una vivienda digna está expresamente reconocido como un derecho humano. En particular, el Artículo 82 establece que:

"Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. El Estado garantizará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá la participación de la comunidad en la gestión, construcción y mantenimiento de su hábitat y vivienda."

Este artículo no solo garantiza el acceso a una vivienda digna, sino que también obliga al Estado a implementar políticas que aseguren el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, en la práctica, este derecho se ve obstaculizado para muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, quienes enfrentan discriminación y exclusión debido a la falta de políticas públicas inclusivas y con perspectiva de diversidad sexual.

 

Una realidad invisibilizada

    Es una realidad invisibilizada y profundamente preocupante. Cuando pensamos en la discriminación hacia la población LGBTIQ+, nos vienen a la mente temas como la falta de derechos matrimoniales o la violencia en espacios públicos; sin embargo, raras veces se discute el impacto de esta discriminación en un derecho fundamental como el acceso a la vivienda. Para muchas personas LGBTIQ+, en especial para las personas trans, la búsqueda de un hogar seguro y digno representa un desafío constante, plagado de prejuicios y rechazos.

Además, la ausencia de datos desagregados por identidad de género y orientación sexual agrava el problema. Al no existir estadísticas específicas, las necesidades de la población LGBTIQ+ quedan invisibilizadas en los programas de vivienda, lo que limita la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas públicas inclusivas y efectivas. Tal como expresan muchas personas de la comunidad: "porque no tenemos datos desagregados, somos invisibles en la asignación de viviendas".

Es importante reconocer que el acceso a derechos sociales, que requiere inversión y redistribución de la riqueza, enfrenta grandes desafíos en contextos de gobiernos neoliberales, donde frecuentemente los intereses económicos priman sobre los derechos colectivos. Sin embargo, en el contexto de Venezuela, donde la política de cobertura masiva ha facilitado la construcción de más de 5 millones de viviendas para la población, surge una oportunidad invaluable para avanzar en el acceso igualitario. Es necesario y urgente que esta política de vivienda contemple también a la comunidad LGBTIQ+, asegurando un enfoque inclusivo y justo que garantice el derecho de todas las personas a vivir dignamente, libres de discriminación.

 

Un problema estructural

    A lo largo de Latinoamérica, el acceso a la vivienda es un problema generalizado, agravado por políticas públicas que tienden a ignorar las particularidades de ciertos sectores vulnerables. Dentro de estos, la población sexo diversa  enfrenta obstáculos adicionales debido a su identidad o expresión de género. En una encuesta realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 40% de las personas trans entrevistadas afirmaron haber experimentado discriminación en la búsqueda y acceso a la vivienda. A este factor se suma una situación económica que también responde a desigualdades estructurales.

    El estigma y la discriminación dificultan que personas LGBTIQ+ ( Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Qeer, (+) las demás orientaciones) encuentren empleo formal, lo cual a su vez afecta su capacidad de pagar un alquiler o acceder a créditos hipotecarios. En muchos casos, incluso si logran arrendar un lugar, pueden verse expuestos al acoso y a situaciones de hostilidad con vecinos, quienes llegan a buscar su desalojo y llegan a la violencia multimodal

La discriminación en números: ¿Quiénes son los más afectados?

    Dentro de la diversidad sexual, algunos grupos enfrentan mayores desafíos que otros. Las personas trans y no binarias son especialmente vulnerables. Según la organización Transgender Europe, la mayoría de las personas trans en Latinoamérica viven en situación de pobreza extrema, lo que se debe en parte a la discriminación en el acceso laboral y a la educación. Esto las y los expone a condiciones de vida precarias y en muchos casos a la falta total de un hogar. Además, quienes logran alquilar deben enfrentar altos costos y contratos abusivos, debido a que muchos arrendatarios aprovechan la situación de vulnerabilidad para imponer condiciones injustas.

La falta de políticas públicas con perspectiva de Diversidad Sexual y el rol de las comunidades, la familia y los poderes comunales territoriales

    Frente a este panorama, las políticas públicas tienen un rol fundamental en garantizar la inclusión y protección de la diversidad sexual en el acceso a la vivienda. Aunque algunos países han avanzado en la implementación de leyes antidiscriminatorias, estas aún son insuficientes y  muchas veces no se aplican de manera efectiva. Es necesario que las políticas de vivienda consideren las realidades particulares de la población LGBTIQ+, incluyendo el acceso a subsidios, programas de alquiler accesible y la creación de refugios seguros.

Organizaciones civiles y activistas LGBTIQ+ han abogado durante años por un cambio en las políticas de vivienda, logrando avances significativos en ciertos lugares, pero aún queda un largo camino por recorrer. La ciudadanía, las y los legisladores deben comprometerse a crear un entorno donde todos tengan acceso a una vivienda digna, sin importar su orientación sexual, identidad de género o Expresión de Género.

 

Urgencia de políticas inclusivas y una vivienda digna para todos

    En Venezuela, el acceso a la vivienda para la población LGBTIQ+ sigue siendo una deuda pendiente, una quimera. Las políticas de vivienda inclusivas son urgentes y necesarias para garantizar el derecho humano a una vivienda digna, sin discriminación. Se requiere un compromiso real por parte del Estado para implementar políticas antidiscriminatorias en todos los ámbitos y para construir refugios seguros para la población Sexo Diversa en situación de calle.

La vivienda digna: un derecho fundamental para todas y todos

    El acceso a una vivienda digna y segura no debe ser un privilegio, sino un derecho inalienable, y cualquier sociedad que busque la justicia y la equidad debe reconocer esta premisa. Las personas LGBTIQ+ no deben verse obligadas a aceptar condiciones de vida precarias ni enfrentarse a la discriminación solo por ser quienes son ni por desarrollar libremente su ser

    Este es un llamado a gobiernos, organizaciones y a la sociedad en su conjunto: el hogar es un espacio fundamental para el desarrollo humano. Negarle a alguien la posibilidad de tener un espacio seguro y digno basado en prejuicios es perpetuar una violencia silenciosa que hiere profundamente a nuestra población.

    La vivienda no puede seguir siendo una quimera para la diversidad sexual. Es hora de transformar este derecho en una realidad inclusiva y accesible para todas, todos y todes

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MOVIMIENTO SOCIAL NACIONAL DE LA SEXO DIVERSIDAD